Actualmente se debate en el Congreso la reciente reforma a la Ley de Orden Público presentada por el Gobierno de Gustavo Petro. Incluye una bonificación especial para las entidades territoriales para imponer dos impuestos destinados a facilitar la paz.
Los nuevos cobros vendrían a nivel departamental y municipal. Uno de ellos se llamaría el “impuesto departamental de seguridad y convivencia ciudadana”, que llegaría a través de las facturas de servicios públicos, y el otro sería una especie de impuesto municipal que se sumaría al impuesto predial.
Así lo explicó el exrepresentante a la Cámara por el partido Dignidad, Jorge Gómez Gallego. “Servicios impagables, predial impagable y van a llegar dos cargas adicionales a nombre de la paz, porque no hay cosa perversa que no se impongan a través de causas aparentemente muy nobles”, dijo.
Asimismo, el proyecto de Ley propuso que los departamentos, a través de sus Asambleas Departamentales, adopten un nuevo impuesto que buscaría mejorar “las condiciones de seguridad y convivencia del territorio” y se cobraría, según defina cada Asamblea Departamental, a través de la factura de servicios públicos.
Dichos impuestos se constituyen como el segundo “mico” dentro del Proyecto de Ley que han encontrado los políticos y legisladores. El más polémico y reciente tuvo que ver con un artículo dentro de ese mismo documento que le daría facultades especiales al presidente Gustavo Petro para que él mismo diseñara el marco reglamentario para la Ley de acogimiento.